Por: Lic. Jorge A. Abreu Eusebio.
Cuando se asumen responsabilidades, consecuentemente, se asumen las consecuencias que de los hechos y de las circunstancias se desprenden o derivan.
No existe consecuente sin antecedente, ni de hechos que, al analizarse de manera concreta, responsable y cumpliendo los patrones y lineamientos del método científico basados en la razonabilidad, la lógica y la minuciosidad que han de reflejar los elementos fácticos que hicieron posible que el acontecimiento se produjera, sin dejar de lado analizar y contrastar el cumplimiento estricto de los protocolos que han de tomarse en consideración y que deben ponerse en práctica mediante acciones para la previsibilidad, la mitigación y combate de los eventos producidos por la naturaleza o por la mano del hombre, en cualquiera de sus manifestaciones.
Es innegable, como los hechos lo han demostrado, frente a los efectos producidos por las fuertes lluvias, que en algo se ha fallado, por muchas vueltas que quieran darle al asunto y culpar al cambio climático de las catástrofes y aciagos estragos muy lamentables que se produjeron. Es un farsante e irresponsable quien mantenga esa retórica mediática mezquina.
Si analizamos fríamente, si se cumplieron con esos protocolos preventivos, llegaremos a la lógica conclusión de que, lamentablemente, no se hicieron efectivos. En otrora, cuando se anunciaban eventos atmosféricos que tocarían suelo nacional todas las estructuras del Estado entraban en funcionamiento de manera articulada y cada uno con su rol específico, pero, en la misma dirección. Podas de árboles, limpieza de cañadas, contenes, filtrantes y toda vía de desagüe pluvial; Brigadas preventivas listas para enfrentar cualquier situación en toda la geografía; colocación de brigadas en puntos críticos con electrobombas para succionar el agua acumulada o evitar que se acumule y evitar pérdidas de vidas y daños a vehículos o transeúntes; pero, sobre todo, cumplían con el mantenimiento preventivo de forma responsable, con calidad, estricto y riguroso en todas las vías y estructuras viales y peatonales. No basta con declaraciones públicas tratando de tapar el sol con un dedo a través del masivo y manipulado elemento mediático. La verdad fluye sola.
Si bien es cierto que hay un alto contenido en los desastres del elemento humano por parte de las personas, quienes han construido en lugares donde en tiempos atrás y muchas a veces con pleno conocimiento, eran parte de un río, arroyo o desagüe natural de estos por donde antes corrían las avenidas de las aguas que vertían estos y por los efectos de las lluvias; construcciones que ha tapado esas vías pluviales naturales; la manera irresponsable que manejan los desperdicios o basuras, principalmente, los materiales no biodegradables, tirados alegremente en las vías públicas, cañadas y canales de desagües, los cuales tapan los filtrantes y entaponan los conductos por los cuales debe entra o fluir el agua, entre otros factores que se conjugan para facilitar el desastre.
Ahora bien, en esa misma tesitura del párrafo anterior, debemos sumar, la ineficiente e ineficaz actuación de las autoridades nacionales y municipales encargados de velar por la limpieza y ornato de las ciudades y comunidades; del manejo de presas; de las instituciones de dar mantenimiento constante en estos últimos tres años, lo cual solo se manifiesta mediáticamente, los cuales se lavarán las manos como Pilatos y justificarán lo injustificable; así como los atroces daños que se están operando en este mismo período de 2 tiempo en toda la geografía nacional al medio ambiente y a los ecosistemas, con la extracción masiva e indiscriminada de materiales sacados de los ríos, borrando sus causes, provocando sus desbordes por doquier de sus aguas embravecidas cuando llueve, ramificándose en todas direcciones, haciendo daños en las ciudades y comunidades que nunca habían sido afectados con tal magnitud por más cantidad de agua que haya caído; Extracción de materiales de lugares que, inclusive, están protegidos por la ley o declarados por organismos internacionales como reserva de biósfera, frente a los cual se hacen de la vista gorda.
La responsabilidad recae en el Estado, quien ha fallado y debe enmendar en lo sucesivo esos fatales errores y afrontar toda su responsabilidad. Querer justificar diciendo que “las personas no deben salir de sus hogares y no transitar por las vías públicas” es una barbaridad inexcusable, donde, en realidad, las autoridades deben garantizar a la población las debidas seguridades incluyendo las viales; inclusive, si se fuera responsable y tuvieran niveles de consciencia, sabiendo que no han cumplido con los estándares de mantenimiento para garantizar la vida de las personas, se debió, al menos, restringir el paso vehicular por los túneles y pasos a desnivel que ellos tuvieran conocimiento, si hay capacidad, de que se constituirían en un peligro para la vida de estos, por no darle con rigurosidad y periodicidad esos mantenimientos. Fueron muchos ciudadanos que hicieron varias observaciones al respecto mucho antes del nefasto evento que cegó trágicamente varias vidas. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Es un deber y una obligación del Estado brindar garantías.
La Constitución de la república señala taxativamente que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. El derecho a la vida.
Además, ¿Dónde fueron a parar los lineamientos establecidos en la Ley No.147-02, del 22 de septiembre de 2002, sobre Gestión de Riesgos, sobre el plan que se debe aplicar para la prevención y mitigación de riesgos; los preparativos para la atención de emergencias en caso de desastres, para garantizar condiciones apropiadas de seguridad frente a todo tipo de riesgos existentes para disminuir las pérdidas de vidas y bienes producto de los desastres?
¿Por dónde transita el “enfoque multisectorial, interinstitucional y multidisciplinario de la gestión del riesgo, a través de la coordinación y el funcionamiento sistémico de las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil” del Convenio para Prevención de Desastres Naturales ratificado por el Congreso Nacional mediante Resolución No.125-17, del 4 de mayo de 2017 que tiene rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico?
Ambas interrogantes solo tienen como respuesta la lectura de la incapacidad, cero vocación de servicios, indolencia e ineptitud, porque las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tenían conocimiento sobre el deterioro existente en el tramo que se desprendió en la 27 de febrero y ni siquiera tuvieron la delicadeza de cerrar el paso y así se hubiera evitado esa tragedia que pesará sobre sus consciencias, si es que las tienen.
Fueron advertidos, tenían conocimiento y nada hicieron. “Por sus frutos los conoceréis”.
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