Por: Olmedo Pineda
Uno de los grandes riesgos que enfrenta nuestra joven democracia, es la politización de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Una democracia que mantenerla nos ha costado muchos sacrificios, gracias a los cuales, hoy podemos disfrutar de ella y por lo tanto, no debemos permitir que se atente contra ella de forma burda ni en cualquier otra de sus manifestaciones.
Por “órdenes superiores”, fue arrestado el pasado sábado el candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática (PED), Roque Espaillat, conocido como “El Cobrador”, por parte de soldados nacionales del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre/ CESFRONT, apostados en la franja que separa las dos naciones, hecho que no puede pasar desapercibido por más justificaciones y vueltas que se le quiera dar para tratar de tapar el sol con un dedo.
Los miembros del Ejército de la República Dominicana, interceptaron y apresaron al candidato presidencial Roque Espaillat “El Cobrador”, en momento que este realizaba actividades políticas en la provincia de Dajabón al noroeste del país, próximo a un punto de “seguridad” de la zona donde se construye el canal de la Vigía, de lado del territorio dominicano.
Este nefasto, inquietante e involutivo acto viola de manera directa el artículo 46 de la nuestra Constitución, el cual establece como derecho fundamental la libertad de tránsito, especificando que "toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales" y de igual manera además señala este mismo artículo que "Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución", constituyéndose al mismo tiempo en una franca violación de instrumentos internaciones vinculantes en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales poseen rango constitucional en materia de derechos humanos al ser ratificados por el Congreso Nacional, como establece la Carta Magna, aplicándose de manera inmediata en nuestro sistema jurídico interno.
Es importante recordar que, por primera vez, desde la época sangrienta y represiva de los funestos años del 1966 al 1978 en que gobernó el país Joaquín Balaguer Ricardo; hasta ahora, es que un candidato presidencial fuera apresado, supuestamente por incursionar en la franja fronteriza del lado dominicano que limita con el conglomerado haitiano y que aparentemente está vedada por el gobierno dominicano, que encabeza Luis Abinader Corona.
En la República Dominicana, ninguna ley ni disposición oficial está por encima de la Constitución; además, en tiempos de campaña electoral, está autorizado por la Junta Central Electoral (JCE) y por ende, los candidatos, gozan de inmunidad; excepto el flagrante delito tipificado como tal en una ley y que no es el caso. Supuestamente, la zona donde se está construyendo el canal haitiano, es un área que está “restringida” por cuestión de seguridad, aforismo propagandístico que viene utilizándose con otros fines que no reflejan los elementos que entrañan a la verdadera seguridad nacional.
Dajaboneros, denuncian que los dirigentes del PRM entran a esa zona sin ningún tipo de obstáculo ante la mirada indiferentes de los militares dominicanos apostados en dicha frontera, los cuales sólo deben acatar esas “esas órdenes superiores”.
Este es un fenómeno relativamente represivo en la actual campaña electoral de República Dominicana y del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza Luis Abinader Corona y que por desconocimiento o no, de sus leyes estamos padeciendo sus más graves efectos en los últimos días próximo al certamen electoral de las Elecciones Presidenciales y Congresuales a celebrarse el 19 de mayo del 2024 venidero, revelando hechos cavernarios que nos remontan a épocas dolorosas de nuestra vida democrática republicana que ya habíamos superado.
No debemos obviar el mandato de la Carta Sustantiva en sus artículos 252.3 y 40.15 que establecen, respectivamente: las FFAA y PN “Son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”; y, que: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.
Hacemos un llamado a los sectores sensatos y de manera directa a la oposición, en el sentido de que, si no les ponen freno de manera coherente, férrea y monolítica a estos atropellos contra un candidato presidencial, ¡¡prepárense a sufrir el polvo de la derrota de una manera vergonzosa, dictatorial y antidemocrática!! De lo contrario: ¿Tendría que repetirse la esencia histórica que nos legó aquel 24 de abril de 1965 como respuesta al justo reclamo del respeto a la Constitución?
El autor es periodista y luchador por las libertades y causas democráticas.
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