MANUEL MORALES LAMA
La diplomacia, con las debidas adecuaciones a la
realidad de este tiempo, es el instrumento a través del cual la política
exterior (del Estado) procura obtener sus objetivos por medio de la
negociación. Esta última asumiéndose como el procedimiento por excelencia del
ejercicio de la diplomacia en su “manejo profesional”, que además, ha resultado
ser la técnica más efectiva para el fomento de los intereses nacionales.
En el ámbito de las normas de convivencia
internacional, una eficiente ejecución de la política exterior suele tener
“metas claras y precisas”. Y también, como necesario soporte, los responsables
de llevarla a cabo deben contar con un “amplio y bien fundamentado”
conocimiento del contexto internacional y nacional actuales. Asimismo, tal
propósito requiere optimizar la calidad de los mecanismos para la formulación,
planificación y ejecución de la política exterior, para lo cual tiene una importancia
primordial la efectividad de los sistemas de información y análisis, de
investigación y prospectiva internacional, que incluyen los “debidos recursos
estratégicos y técnicos” para poder anticiparse a los hechos, en el ámbito de
las “mejores prácticas”.
Es oportuno destacar que ocupa un lugar preeminente en
las acciones de las Cancillerías, y del Servicio Exterior, la “metódica
promoción” (en el marco de sus respectivas competencias) del comercio, los
negocios y la cooperación. Asimismo, el debido respaldo a la
internacionalización y a las exportaciones de las empresas nacionales, de forma
tal que las relaciones exteriores puedan ser “un instrumento verdaderamente
útil” para el desarrollo nacional. Merece recordarse que la diplomacia
económica y comercial ha sido concebida básicamente para obtener, conforme a
una apropiada planificación, “objetivos económicos por medios diplomáticos”.
Actualmente, adquiere una importancia ascendente la
implementación del “sistema para el ejercicio de la diplomacia pública”,
“destinado a influir en la opinión pública en el exterior”. Como estrategia, la
diplomacia pública debe perseguir tres objetivos: “La mejora de la
internacionalización de la economía y la empresa, el refuerzo de la identidad
nacional y el incremento de la influencia del Estado en el exterior” (Manfredi
Sánchez).
Inequívocamente, la complejidad y trascendental
importancia adquiridas por las relaciones internacionales, han hecho posible
que diversos estados consideren fundamental la profesionalización de esta
labor; y con ello, el fortalecimiento tanto de sus centros académicos de
formación, como de su carrera diplomática, adquiriendo el nivel de “esencial
asunto de interés nacional”.
En esta dinámica, “saber aplicar apropiadamente”
los principios, normas y procedimientos de la diplomacia es fundamental
para la ineludible responsabilidad de salvaguardar y promover los intereses del
Estado, de los que forma parte esencial la imagen y prestigio de la nación.
Evidentemente, el tacto y el hábil manejo del sentido
común son virtudes altamente valoradas en el ejercicio de la diplomacia, las
cuales resultan imprescindibles para poder ubicar, con la precisión requerida,
el lugar y la oportunidad de las acciones, clave del éxito de innumerables
ejecutorias diplomáticas.
Hoy día, para su eficiente labor, el agente
diplomático debe tener pleno dominio de las técnicas de negociación. Esto
incluye saber aplicarlas con la destreza requerida, de tal forma que
aseguren la eficacia de su fundamental ejercicio. El agente diplomático debe
ser “un genuino” representante de su nación (de su idiosincrasia, de su
cultura, de sus niveles de superación y de su honorabilidad).
El marco precedentemente señalado también es necesario
para la protección de los nacionales en el exterior (personas físicas y
jurídicas), así como para cumplir con las labores de observación e información
propias de sus funciones, para lo cual el agente diplomático debe ser un
eficiente analista político y económico. Este contexto es igualmente idóneo
para el fomento y desarrollo de vínculos económicos (comerciales y
financieros), políticos (de seguridad y defensa), jurídicos, culturales
(educacionales y de transferencia de tecnología), y también para la
imprescindible cooperación.
Procede referirse a la gestión que debe emprender
nuestro país a partir de enero del próximo año, como “miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU”, en función de todo lo antes señalado, y
en consonancia con la “intensa labor diplomática profesional”, que demanda
dicha posición en el Consejo de Seguridad. Conviene recordar que esta debe
estar fundamentada, básicamente, en la Carta de las Naciones Unidas y en el
Derecho internacional, teniendo siempre presente el Principio de Igualdad
Soberana y Jurídica de los Estados.
En el ejercicio de esa función, una de las primeras
acciones consiste en analizar, y evaluar, periódicamente la situación global y,
en especial, “las grandes tendencias internacionales” que pueden incidir sobre
las controversias. Además del tratamiento y los métodos de solución, aplicables
por parte de la “comunidad internacional”.
Es significativo, en esa calidad, reconocer la
importancia del denominado “proceso de preparación” y la utilidad de realizar,
con ese propósito, “consultas bilaterales” de alto nivel con miembros
permanentes (y no permanentes) de dicho Consejo. De igual modo, con miembros
del GRULAC, y en general, con el mayor número de representantes de estados,
para confirmar “de primera mano”, entre otros aspectos esenciales, “los
fundamentos, intereses y sensibilidades” frente a los diferentes temas de la
respectiva agenda, y demás acciones con propósitos semejantes que por su
amplitud e importancia serán tratados en trabajos posteriores.
0 comentarios:
Publicar un comentario