Santo Domingo.- Reclamos relativos a derechos
adquirido y la protección de la
actuación policial se han formulado con motivo de la promulgación de la nueva ley
institucional de la Policía.
En ese sentido, el pasado Jefe de la
Policía Nacional, mayor general retirado y profesor universitario,
doctor Manuel de Jesús Pérez
Sánchez, considera que el
conocimiento y adecuada solución de esos retos son determinantes en la exitosa
implementación de la nueva legislación, para proteger eficazmente a
la ciudadanía ante el crimen y el delito, sin perjudicar a la familia policial
ni afectar sus derechos.
Asegura son seis los retos
fundamentales a tomar en cuenta al redactar los reglamentos a fin de actuar con
justicia y equidad, para mantener un clima propicio a la seguridad
ciudadana.
El primero de esos retos es proteger
la buena actuación policial, para reproducir modelos de conducta apegados a la
ética y a la legalidad que enfrenten de manera enérgica, decidida y sin
contemplaciones el crimen y el delincuente.
No es generar privilegios como un fondo para el pago de
fianzas en favor del policía ni tribunales especiales; pero sí considerar que
se debe uno poner en el zapato del policía al momento de arriesgar su vida y su
libertad para defender y proteger a la sociedad; y entonces tomar las medidas
para preservar al policía de carne y hueso que sería privado de libertad
frecuentemente sin tener el dinero que no gana para pagar fianzas y abogados en
los tribunales judiciales: Bienvenidas las comisiones independientes para
realizar investigaciones públicas sobre quejas por in
conductas de los policías!
En segundo lugar, la mayoría de esos
reclamos se refieren a la necesidad de que se preserven derechos adquiridos a
los que ingresaron a la institución bajo el imperio de las leyes anteriores,
con lo cual se evitaría un voluminoso caudal de reclamos judiciales y que es
perfectamente posible si en los reglamentos se clarifica el modo y la forma de
preservar esos derechos.
En tercer lugar,
también se espera que se mantengan los subsidios por más de 36
millones al año en becas educativas y otras conquistas, que forman
parte del bienestar del agente de policía, con fondos provenientes
del Estado, lo que se puede lograr organizando el Instituto de Bienestar
Policial, ya que la nueva legislación no contempla esos programas en beneficio
del policía y su familia.
En cuarto lugar, igualmente, el problema de la ausencia de
plazas para ascenso, cuando por ejemplo hay cerca de 500 coroneles con una edad
promedio de 50 años, una oficialidad muy joven que impediría promover a las
nuevas generaciones.
En quinto lugar, la
necesidad de apegarse al escalafón al seleccionar al próximo Director General
de la Policía y los altos cargos de esa institución, promoviendo aquellos con mayor
antigüedad en el servicio.
En sexto lugar, el tema del retiro
forzoso, establecido a los 20 años para aquellos que han cometido
inconductas en su servicio y los que se han portado bien tienen que
esperar 25 años para poder solicitar su retiro voluntario, lo cual aparenta una
iniquidad o al menos una evidente injusticia.
Pérez Sánchez concluyó afirmando que
el desarrollo institucional es continuo, progresivo y permanente, como resulta
imprescindible para poder competir con la delincuencia, previniéndola,
controlándola y reduciendo a su más mínima expresión sus perjudiciales efectos
en la calidad de vida de ciudadanos y visitantes, por lo cual expresa su
opinión en la mejor buena fe de contribuir al desarrollo nacional y
el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.
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